La "pela" es la "pela" (Meditemos sobre ello)

Hijos míos, creo que ha llegado el momento de dejar de quejarnos y de pedir al estado español más dinero para nuestra asociación y demás organismos de nuestra doctrina. No es justo que olvidemos que la asignación tributaria del Ministerio de Hacienda a la Conferencia Episcopal en 2007 ascendió a más de 12,5 millones de euros mensuales y, que ésta, es una mínima parte de la gran aportación económica que diferentes administraciones del Estado español nos hacen cada año a los miembros de nuestra asociación.
Nuestro jefe de contabilidad estima que son unos 5.057 millones los fondos que hemos recibidos para financiar cada año nuestra imponente red de servicios terrenales, según las cifras aportadas por distintos organismos estatales. Es un dinero que sale de varios ministerios -Educación, Cultura, Defensa, Sanidad, Trabajo, Asuntos Sociales- y de las entidades autonómicas y locales. Sólo para la educación religiosa que tenemos concertada con el Estado nos han dado 3.200 millones de euros. Además somos una de las pocas organizaciones que estamos exentas de los principales impuestos estatales y municipales en España. La cifra de 5.057 millones incluye el ahorro que supone el paraíso fiscal en que se desarrolla la casi totalidad de nuestras actividades, calculado por nuestros expertos en unos 750 millones de euros.
Es en el campo de la enseñanza y en la asistencia social y de caridad donde recibimos más dinero. Por ejemplo, para poder conseguir más miembros para nuestra asociación nos dan unos 33.440 millones de euros en concepto de sueldos para profesores, de los cuales 15.000 imparten nuestra doctrina en colegios públicos no concertados, lo cual le cuesta al estado 517 millones de euros. Y, pensemos que para pagar el sistema de conciertos educativos nos dan 3.200 millones, según datos que tenemos cotejados con la tierra. No estoy de acuerdo en que, dadas las cantidades que nos regalan luego salgamos a manifestarnos en contra de las leyes que regulan la educación, y que el gobierno aprueba legítimamente. Ni que digamos que estas leyes atentan contra nuestras enseñanzas, cuando tenemos dinero suficiente para hacer lo que queramos tanto en nuestros colegios como en los que no lo son. Nuestra plantilla es excepcional, ya que tenemos 2.376 centros concertados (el 80% del total de privados subvencionados), 1.368.237 alumnos y alumnas y 80.959 profesores y profesoras. A veces pecamos de codicia. Recordad todo lo que mi Hijo ha dicho sobre este pecado capital.
Nuestra actividad social y caritativa tiene su barco insignia con Cáritas Española de la que tenemos 67 delegaciones diocesanas y otras 10 autonómicas. También nos financian los 107 centros hospitalarios que tenemos concertados, los 128 centros sociales como ambulatorios y dispensarios, las 876 casas de ancianos o discapacitados, los 937 orfanatos, las 321 guarderías, los 365 centros especiales de reeducación y los 717 "otros centros de caridad y sociales". El Estado nos paga también la nómina de los capellanes hospitalarios (510 a tiempo completo y 297 a tiempo parcial), de los penitenciarios (130), más los sueldos de los capellanes castrenses, a cuyo frente está un arzobispo con grado de general de división.
Es cierto que si el Estado tuviera que asumir todas estas obligaciones le costaría mucho más caro, pero no olvidemos, sobre todo esto se lo digo a mis obispos, que ahí tenemos una plataforma muy estable para poder difundir nuestras ideas.
Y, ¿hemos reflexionado seriamente sobre las ayudas directas que nos dan para el sostenimiento de nuestro ingente patrimonio artístico e inmobiliario? En España tenemos 280 museos, 103 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios. El estado se gastó en el último año 200 millones de euros para obras de conservación o reforma de nuestras propiedades.
Nuestra compleja red de filiales posee siete universidades (Deusto, de los Jesuitas; Navarra, del Opus; CEU , de la Asociación de Propagandistas; pontificias de Comillas y Salamanca; diocesanas de Murcia y Ávila), y 15 Facultades eclesiásticas, 41 Centros teológicos, 11 Colegios universitarios, 55 Escuelas universitarias y 72 Institutos superiores. Todo esto cuesta mucho dinero de mantener y el estado siempre ha sido generoso con todas estas filiales.
Quiero desde aquí decirle a mis obispos que no caigan en pecado mintiendo sobre cómo somos financiados por el gobierno. Los obispos sostenéis que la asignación tributaria que recibimos del Estado cada año no alcanza el 9% del presupuesto de nuestra asociación. E indicáis sólo la financiación directa que está fijada en los Presupuestos Generales del Estado y que asciende a 150 millones de euros, que nos ingresarán, por ejemplo el próximo año en nuestra cuenta de la Conferencia Episcopal para salarios de prelados y clero. Parte de este dinero lo recauda Hacienda a través de la asignación tributaria del IRPF de los declarantes católicos, y el resto nos lo regala como dotación extraordinaria graciosa.
Llevamos así desde 1988 y quedamos con ellos que era un sistema transitorio, mientras vosotros los obispos os comprometíais a encontrar en tres años (antes de 1991) mecanismos de autofinanciación. Deberíamos buscar nuevas estrategias para convencer a nuestros asociados que asumieran pagar el impuesto religioso que se estableció en 1987, convenciéndoles para que dejaran ya la tacañería que les caracteriza. Sin embargo hemos conseguido de nuevo más dinero. El actual gobierno de España acordó en septiembre del año pasado elevar a definitivo el viejo sistema de asignación tributaria, no sin antes incrementar por encima del 34% el porcentaje de dicha asignación (ahora, el 0,5239; en el futuro el 0,70% de la cuota íntegra de cada IRPF que se nos asigna). Deberíamos estar muy contentos y contentas, y sin embargo la avaricia os hace estar tristes y siempre enfadados. Tendremos que meditar sobre ello ya que la realidad en la tierra es que nuestros asociados no tendrán que dar ni un euro más de su bolsillo en el IRPF. Hemos conseguido que sea el Ministerio de Hacienda quien lo reste de los ingresos públicos totales.
Mis amados obispos, España para nuestra asociación es un paraíso fiscal. La decisión del gobierno socialista del año pasado, que nos incrementa por encima del 34% la asignación tributaria de Hacienda al episcopado a partir de 2007, y además de manera indefinida, da por resuelta la polémica sobre la autofinanciación. Está bien, pero estaría mejor que nos autofinanciáramos, ya que así tendríamos menos problemas con las otras asociaciones y sobre todo más compromiso individual con nuestras ideas. Estoy convencida de que nuestros asociados serían más felices si los beneficios que obtienen por su pertenencia al grupo les costaran un poco de dinero extra, como el que quiere montar a caballo o hacer esquí.
Pensemos en cómo estamos actuando, hijos míos, porque hemos logrado que los políticos mientan, y eso es inducir al pecado, ya que tanto la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, y los ministros de Justicia y de Trabajo se habían comprometido públicamente a acabar con el actual sistema, o a reducirlo drásticamente. No se si os acordáis de lo que dijeron, seguro que no, pero vuestra madre os lo va a recordar: "Hemos llegado a un punto donde las aportaciones del Estado a la Iglesia católica, que han ido a más cada año, tendrán que ir a menos", dijo la vicepresidenta el 14 de noviembre de 2005. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, el 22 de julio de 2004, fue más lejos. Sentenció: "Que el Estado financie a esta confesión religiosa se tendrá que acabar algún día". Hijos míos meditad en silencio sobre estas palabras de vuestra madre María.